Abdallah Abu Rahma in front of an israeli military, 2014
El pasado 23 de febrero Abdallah Abu Rahma, conocido por su rol de coordinador del Comité Popular de Bil’in contra el muro y como miembro de la plataforma Comité de coordinación de la Lucha Popular palestina, vio suspendida su sentencia a cuatro meses de cárcel y fue sentenciado a pagar una multa de aproximadamente 1,300 dólares. Abdallah tendrá que cumplir la sentencia de cárcel, en caso de que en los próximos tres años, realice alguna acción que las autoridades israelías consideren que implica violencia o “la obstrucción de un soldado que esté cumpliendo con su deber.
Abdallah Abu Rahma tiene 44 años, es padre de dos niños pequeños y de una niña, y solía trabajar como profesor de primaria en el pueblo palestino de Bil’in. Hoy es un activista pro derechos humanos, reconocido por la Unión europea. El 21 de octubre de 2014, un tribunal militar cercano a Ramallah, le declaró culpable de interferir en el trabajo de un soldado durante una manifestación pacífica que conmemoraba la Naqba (la catástrofe), y en solidaridad con los presos políticos, muchos de ellos en huelga de hambre.
El de mayo de 2012, Abdallah se puso delante de un bulldozer impidiendo que el operador reparara una valla construida en la pueblo de Beitunia. Según el activista, esta estructura fue construida para controlar y disparar a la población palestina. “Dijeron que estaba delante de un bulldozer, que no les dejé seguir con su trabajo y es por eso que el tribunal militar me ha declarado culpable”, explicó a Al Jazeera. Su versión de la historia ha sido corroborada por un militar israelí.
No es la primera vez que Abdallah es detenido por algún delito: en 2010 fue condenado a 12 meses de prisión por recoger latas de gas lacrimógeno y balas – disparadas contra los manifestantes por militares israelíes-, que él utilizaba para mostrar la violencia cometida contra activistas palestinos. Esta primera sentencia es una prueba de la persecución legal que padecen los activistas palestinos, con el objetivo de silenciarlos y desarmarles.
A pesar de que, en la vista de su sentencia, el tribunal militar describió la protesta noviolenta de Abu Rahmah como un delito ideológico, el activista palestino afirma que no se rendirá en su lucha contra la ocupación israelí y continuará protestando activamente contra la ocupación del territorio palestino. “Tenemos derecho a protestar y expresar nuestra opinión- esto es la manera de defender los derechos humanos y rechazar la ocupación” , declaró, “la decisión del tribunal es decepcionante e inaceptable, el propósito de este castigo es obligarnos a detener nuestra lucha.”
Según su abogada, Gaby Lasky, “Abdallah es un defensor de derechos humanos y tiene derecho a protestar contra la ocupación. No existe una base legal que pueda justificar su arresto”. Según Lasky “parece que perseguir a un palestino por un acto simbólico de noviolencia contra la ocupación tiene más significado político que si se le persiguiera por un acto criminal.”
Abdallah y otros manifestantes en una protesta pacífica en Bil’lin, 2009.
Cuando el juez emitió la sentencia, destacó que Abdallah Abu Rahma no había sido condenado por participar en una manifestación. Según su abogada, esta declaración entra en contradicción directa con el veredicto dictaminado por el tribunal en octubre de 2014. En su explicación de la sentencia, el juez concluyó que la acción llevada a cabo por Abdallah Abu Rahma no había sido planeada ni violenta, sino se trató de acto de resistencia pasiva que no ocasionó ningún daño sustancial. El tribunal también admitió las pruebas presentadas por la defensa que demostraban que, en 2010, la Unión europea había declarado Abdallah Abu Rahma un “Defensor de Derechos humanos comprometido con la protesta no violenta contra la construcción del muro de separación israelí en su pueblo, Bil’in”, así como materiales de Amnistía Internacional que denunciaban que había sido procesado por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
Como miembro de la plataforma Comité de Coordinación de la Lucha Popular palestina, Abdallah es parte de un movimiento popular que se opone a la construcción del muro de separación, la ocupación y la expansión de los asentamientos de colonos israelíes, y que informa de las vulneraciones de derechos humanos cometidas contra la población palestina bajo el apartheid israelí. Abdallah es también el líder del Comité Popular de Bil’in contra el muro, un pueblo ocupado de Cisjordania conocido por sus protestas semanales y que se ha convertido en referente de la protesta noviolenta desde 2005, cuándo empezaron las movilizaciones. Es por este motivo que Bil’in es también uno de los objetivos militares del ejército israelí, y su población suma un largo historial de arrestos y agresiones. Hasta hoy, tres de sus habitantes han sido asesinados por el ejército israelí, los tres parientes e Abdallah: a Bassem Abu Rahmeh le dispararon durante una protesta en 2009; su hermana Jawaher Abu Rameh murió a a causa de una inhalación excesiva de gas lacrimógeno; y a su hermano, el activista Ashraf Abu Rameh, detenido en 2008, le esposaron, le vendaron los ojos y recibió un disparo mortal. Las investigaciones de estos crímenes han sido detenidas y los soldados israelíes responsables de estos asesinatos siguen impunes.
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, ha mostrado su preocupación respecto a que Abdallah no pueda ejercer sus derechos, entre ellos manifestarse pacíficamente defendiendo sus derechos humanos y los de sus conciudadanos, y le ha reconocido como defensor de derechos humanos: «el posible encarcelamiento de Abu Rahma es un intento de impedir que él y otros activistas ejerzan su legítimo derecho a protestar pacíficamente contra la existencia del muro de separación.»
En respuesta a la sentencia contra Abdallah, estas fueron las palabras de Lansky, su abogada: “el régimen militar de ocupación no puede continuar considerando a los opositores noviolentos como criminales, es sólo una cuestión de tiempo que esta visión cambie. En lugar de eso, la policía y el ejército tendrían que aplicar justicia contra aquellos colonos cuyos delitos la ley escoge ignorar, incluyendo los delitos por violencia y robo de tierras.”
