La privatitzación de la guerra en Colombia. Una fuerza invisible

La regulación de las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSPs) y la definición de un nuevo modelo de seguridad para el país: dos de los mayores retos para la construcción de la paz a los se enfrenta Colombia hoy.

El nuevo informe de NOVACT: “La Fuerza Invisible en Colombia”, analiza el rol y el impacto de las EMSPs en los derechos humanos y en el proceso de construcción de paz

El acuerdo de paz con las FARC no pondrá fin a la participación de las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSPs) en el conflicto por los recursos en Colombia. Más bien al contrario, dadas las nuevas situaciones que se han abierto con el fin del conflicto: la descomposición de las leyes locales en el ámbito rural – sostenidas hasta ahora por las FARC -, el reto de la desmovilización y reintegración de miles de excombatientes, o la violencia ejercida por las empresas transnacionales por apoderarse de las áreas ricas en recursos naturales. Son sólo algunas de las nuevas realidades de Colombia que podrían generar nuevas demandas para una industria en auge como es la de la seguridad privada.

colombia_portadaEste informe traza un recorrido a través del conflicto interno colombiano para explicar y denunciar el rol y las actuaciones de estas EMSPs en Colombia y señalando, a su vez, los actores que han facilitado y colaborado con su crecimiento e impunidad.

Aunque el Estado colombiano esté sujeto a no contratar a este tipo de actores privados para realizar funciones de su competencia – especialmente aquellas consistentes en el principio de uso de la fuerza-, el marco legal colombiano sigue presentando deficiencias a la hora de controlar legalmente las actividades de las EMSPs, y de prevenir, a su vez, sus malas prácticas.

Si bien el estado Colombiano es el principal cliente de las EMSPs, no es el único. Su uso es también muy significativo por parte de empresas transnacionales privadas dedicadas a sectores como el petróleo, el gas, la construcción o la minería.En estos contextos las EMSPs suplementan al Estado a la hora de proveer seguridad o, simplemente, constituyen otra herramienta más para reforzar políticas neoliberales de desarrollo económico.

Esta es precisamente la razón por la cual la supervisión pública de estas actividades suele ser débil, ya que frecuentemente operan en áreas del territorio donde el Estado tiene un control limitado y están contratadas bajo cadenas sucesivas de subcontratación que carecen de transparencia pública, además de operar, en muchos casos, bajo procedimientos y políticas de seguridad diseñadas exclusivamente por la empresa que las contrata, sin ningún tipo de intervención estatal.

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La presente investigación identifica todas estas deficiencias y retos del estado en el control y la supervisión de las actividades de la industria militar y de seguridad privada, y señala numerosos casos de violaciones masivas de derechos humanos en los que estas empresas se han visto involucradas a lo largo de los años.

Víctimas
La peor parte de estas políticas de subcontratación y la falta de regulación adecuada de las EMSPs se la ha llevado la población local. Los colombianos y colombianas han sufrido graves abusos de mano de los contratistas privados de seguridad. Tal y como se describe en este informe, estos abusos – vividos muchos de ellos en silencio y con poco apoyo público – han violado una larga lista de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a al seguridad, y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, la prohibición de la privación arbitraria de libertad, el derecho a la asamblea pacífica, el derecho a la propiedad, el derecho a la privacidad y el derecho de las víctimas a remedios efectivos.

Control y Supervisión
El informe confirma como el problema sobre los mecanismos de control y su puesta en funcionamiento sigue presente: hay informes de empresas operando sin licencia y es difícil saber si los accidentes de abusos y violaciones de derechos humanos son gestionados eficazmente por las autoridades públicas.

El organismo oficial colombiano que supervisa las actividades de las EMSPs no dispone de estatuto legal con fuerza de ley, mientras que la institución gubernamental responsable de registrar y dar asistencia y reparación a las víctimas de la guerra, no tiene un registro específico para las víctimas causadas por actividades relacionadas con la industria militar y de seguridad privada. A finales de 2015, de los más de 7 millones de víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas, las estadísticas oficiales solo reconocen a las víctimas de las guerrillas, de las fuerzas armadas nacionales y de los aliados de estas últimas, las milicias paramilitares.

En el ámbito de la prevención, sigue siendo necesaria una regulación precisa acerca del uso de la fuerza y las armas de fuego, y un entrenamiento adecuado para preservar la integridad física y otros derechos fundamentales de las personas interactuando con personal de seguridad privado.

La inestabilidad del post-conflicto
Todas estas deficiencias son obstáculos para el establecimiento de un nuevo modelo de seguridad en Colombia. Como en gran parte de situaciones de post-conflicto, Colombia es extremadamente propensa a entrar en períodos de inestabilidad e inseguridad en las áreas rurales hasta ahora controladas por la guerrilla insurgente. En un entorno altamente complejo y volátil, es probable que la industria militar y de seguridad privada expanda y refuerce su capacidad de actuación en un entorno altamente complejo y volátil.

Recientemente, el debate público entorno a la participación de las EMSPs en el conflicto interno de Colombia ha traspasado sus fronteras, dado el incesante aumento de la participación de mercenarios colombianos en distintos conflictos armados en Oriente Medio. Colombia se ha convertido en suministrador de personal para la globalizada y neoliberal industria militar y de seguridad privada, con una presencia constante de mercenarios desde la invasión de Iraq en 2003, hasta la actual campaña antichií encabezada por Arabia Saudí en Yemen. El presente informe incluye una entrevista con uno de estos mercenarios, destinado en Afganistán.