El control de las empresas militares y de seguridad privada

Limitaciones de los mecanismos no vinculantes para prevenir las vulneraciones de derechos humanos por parte de la industria militar y de seguridad privada.

Los días 16 y 17 de febrero, el Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP) y la Dirección General de Cooperación de la Generalitat de Catalunya organizan el Seminario Internacional “Empresas y Derechos Humanos: Comparando experiencias” con la participación de representantes políticos nacionales e internacionales, del mundo académico, organismos internacionales, empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Este tipo de jornadas refleja  la necesidad de reflexionar y actuar en este ámbito y consolida, al mismo tiempo, el interés de las instituciones públicas de Cataluña por definir un modelo propio de acción exterior, basado en la promoción de la paz, los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible. Así lo recoge la Ley del Parlament de Catalunya  16/2014, del 4 de diciembre, de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea.

Derechos Humanos y Empresas
La definición de este modelo llega en un momento clave. Cinco años después de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobará los “Principios Rectores en materia de Derechos Humanos y Empresas”, son solo 13 los países que han desarrollado “Planes Nacionales de Acción” para aplicar estos principios, todos ellos, además, con grandes debilidades. La falta de mecanismos vinculantes; la ausencia de procesos consultivos durante su elaboración e implementación con la sociedad civil en general y las comunidades afectadas en particular; y la falta de concreción en los sistemas de monitoreo son solo algunas de las grandes flaquezas que presentan.

Con el objetivo de lopmsc3grar la creación de un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales (ETN) en materia de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó en 2014 la creación de un “Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre multinacionales y otras corporaciones con respecto a los derechos humanos”, que a finales de este año presentará el primer esbozo de Tratado Internacional.

Al mismo tiempo, se está trabajando en la creación de instrumentos internacionales efectivos que aseguren el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, frente a un sector corporativo ha desarrollado todo un Derecho Corporativo Global blindado por los contratos y las inversiones. Estas normas y principios establecidos por las propias empresas se basan en múltiples contratos de explotación, tratados comerciales bilaterales, acuerdos de protección de inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, entre otros. La asimetría jurídica entre la protección de los derechos humanos y las inversiones de las ETN supone, en la práctica, la indefensión de las víctimas. Ante vulneraciones de derechos humanos, las personas afectadas por la actividad de estas empresas carecen de mecanismos efectivos para responsabilizarlas por sus acciones, acceder a tribunales con jurisdicción específica y exigir una reparación integral.

Paralelamente, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y los códigos de conducta son fórmulas legales no vinculantes pensadas para escapar al control jurídico, estrategias de marketing sin consecuencias reales en el interior de la empresa, más allá de simples declaraciones de “ética empresarial”.

Empresas y conflictos armados
NOVACT, como organización que promueve acciones noviolentas y estrategias de construcción de paz en países en conflicto armado, ha analizado desde 2009 el impacto negativo de las ETN en los derechos humanos. Más concretamente: las vulneraciones de las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP) en Iraq, Afganistán, Palestina y Colombia. Aunque durante mucho tiempo el desarrollo de esta industria EMSP había sido cíclico, su éxito económico se consolida a partir de la ocupación de Iraq en 2003.  Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado de un desarrollo normativo que regule las actividades de las EMSPs y su impacto en los derechos humanos.

Estas no han sido las únicas estrategias del sector corporativo para conseguir crear instrumentos que funcionen para las empresas de manera unilateral y voluntaria. El Código Internacional de Conducta (ICoC) creado en 2010 y destinado a los proveedores de Seguridad Privada, es un ejemplo más del peso que las propias corporaciones acaban teniendo para controlar los instrumentos que deberían “obligarlas” a adoptar ciertas conductas, como la de promover el respeto a los derechos humanos. El principal órgano de funcionamiento del ICoC está conformado en un 80% por miembros de la industria, frente a una pequeña representación de gobiernos(6%) y representantes de la sociedad civil (15%).

Esta composición hace imposible que pueda desempeñar las funciones para las que fue creado, como mecanismo activo y sancionador, y ha convertido al ICoC en un órgano tramitador y de intermediación. Sus funciones siguen sin ser medidas que ofrezcan un remedio efectivo de prevención: recibir quejas e informar a la persona demandante de las medidas que la propia EMSP pone a su disposición; dirigirse a la empresa a ofrecer mediación entre ambas partes; o bien informar de otros mecanismos alternativos.

Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales: el caso de G4S
G4S es la mayor empresa militar y de seguridad privada del Reino Unido, con al menos 625.000 empleados en más de 125 países. Sus actividades están suponiendo graves violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, además de ser cómplice de la ocupación de Palestina a través de la provisión de servicios y sistemas de seguridad en las prisiones de Ketziot, Meggido, Damon and Rimonim, todas ellas escenarios de mútiples detenciones administrativas que incluyen a niños y niñas palestinos de entre 12 y 17 años.

En noviembre de 2013, la organización de la sociedad civil Lawyers for Palestinian Human Rights presentó una queja formal ante el Punto Nacional de Contacto (NCP en su acrónimo en inglés) del Reino Unido para las Directrices para multinacionales de la OCDE,  alegando que G4S estaba vulnerando los principios para la protección de los derechos humanos  previstos en las Directrices, tanto en Israel como en los Territorios Palestinos Ocupados. Según los dos informes publicados por el NCP en junio de 2015 y julio de 2016, las acciones de G4S no cumplían con las obligaciones dictadas por las Directrices de la OCDE: esforzarse por prevenir y atenuar los impactos negativos sobre los derechos humanos directamente vinculados con sus actividades, bienes o servicios, incluso si las empresas no contribuyen directamente a generar dichos impactos, sino que lo hacen a través de sus relaciones comerciales.

pmsc1

Para resolver el proceso que siguió a la denuncia y la publicación de estos informes,  se ofreció a las dos partes acudir a mediación. La propuesta fue aceptada por Lawyers for Palestinian Human Rights y rechazada por G4S. Además de escudarse en la confidencialidad de sus obligaciones contractuales, la empresa militar y de seguridad privada también manifestó que se negaba a aceptar que la organización civil Lawyers for Palestinian Human Rights tuviera competencia para negociar y resolver el conflicto. G4S tenía información que no estaba dispuesta a compartir y que no pudo ser tenida en cuenta en la decisión final y, según el informe de seguimiento, la empresa también manipuló los resultados del proceso en sus comunicados públicos, al no mencionar que había incumplido las Directrices de la OCDE sobre el respeto de los derechos humanos.

Este caso es una muestra de las limitaciones de los códigos no vinculantes de la OCDE. Debilidades que se repiten en otros casos como el de la empresa Gamma Group y su falta de colaboración con el NCP de Reino Unido en 2016 , o la incapacidad del NCP de España para prevenir las violaciones de los derechos humanos perpetradas por Prosegur.

Los próximos pasos
Analizar la industria militar y de seguridad permite demostrar la ineficacia de las fórmulas no vinculantes a la hora de asegurar que las empresas respeten los derechos humanos.

Las políticas públicas sobre empresas y derechos humanos deben ir más allá en la construcción de obligaciones jurídicas y vinculantes a cargo de las empresas, y no limitarse solo a promover la Responsabilidad Social Corporativa como un deber moral, un enfoque que no respeta los fundamentos de protección de los derechos humanos, y que incluso pone en riesgo los avances logrados hasta ahora por el sistema jurídico.

En el proceso de definición de un modelo propio, Cataluña tiene una gran oportunidad para proyectarse como un actor internacionalmente comprometido con los derechos humanos y la paz. Esta aspiración debe pasar por encontrar una relación coherente entre las políticas públicas de promoción exterior de las empresas catalanas y los programas de cooperación internacional. Pero, por encima de todo, debe avanzar hacia códigos vinculantes que aseguren el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas más allá de nuestras fronteras.

Existe ya un gran paso en esta dirección: la resolución 359/XI sobre el respeto de los derechos humanos por las empresas catalanas aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 4 de noviembre de 2016. En ella se afirma la aspiración de avanzar hacia instrumentos jurídicamente vinculantes y la creación y activación de mecanismos de inspección, innovación normativa y sanciones como el “Centro de Evaluación de los Impactos de las Empresas Catalanas en el Exterior”, todos ellos requisitos básicos para atacar las limitaciones de los mecanismos existentes hasta hoy.

Felip Daza, Edgar Codina, Maria Soler – NOVACT