En el Día de la Seguridad Privada en España, NOVACT analiza la privatización de la seguridad

Hoy se celebra el Día de la Seguridad Privada en España. Una jornada legitimadora del sector en un contexto de propuestas legislativas tan controvertidas como la de la ley de seguridad ciudadana.

Leticia Armedáriz // En virtud de la Orden INT/704/2013, de 10 de abril de 2013, se estableció hoy, 21 de mayo, como el Día de la Seguridad Privada en España. La citada orden recuerda que la seguridad privada es auxiliar y complementaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. También reconoce que “la acción profesional de la seguridad privada se encuentra presente en todos los ámbitos, públicos y privados, de la vida cotidiana española” y se ha convertido en “instancia indispensable para la prevención del delito y la protección de personas y bienes”, logrando “la generalizada aceptación de la sociedad española”.

A la vista del carácter legitimador que la celebración del Día de la seguridad privada supone para la industria, NOVACT quiere destacar los cambios legislativos producidos el último año en la regulación nacional de la seguridad privada. Así, se hace necesario el señalar algunos de los riesgos y puntos más controvertidos que presenta la privatización de la seguridad. Todo ello, recordando la necesidad fundamental de que los Estados desarrollen marcos de regulación comprensivos y mecanismos efectivos de control democrático de las actividades de la seguridad privada a todos los niveles, nacional e internacional.

La nueva ley de seguridad privada

El próximo 5 de junio entrará en vigor la nueva ley de seguridad privada. El gobierno y la industria remarcaron la necesidad de actualizar la regulación anterior en vigor desde 1992, que había quedado obsoleta. La reforma introduce cambios sustanciales: los vigilantes podrán realizar funciones hasta ahora reservadas a las fuerzas de seguridad públicas y estarán habilitadas para actuar en más espacios, todo ello bajo el paraguas de la coordinación y complementariedad de la seguridad pública, en lugar de la subordinación y subsidiariedad que regía hasta el momento.

Contradictoriamente, el aumento de competencias y estatus de la seguridad privada no ha venido acompañado de un mayor nivel de exigencia para su personal: se rebajan los requisitos de acceso, se matiza la prohibición de antecedentes penales y, por otro lado, se elimina la exigencia de tener nacionalidad española, lo que abre la puerta para la conclusión de acuerdos recíprocos entre países para la salida y llegada de personal de seguridad. La ley tampoco incluye mecanismos legales directos, y específicos, para abordar las posibles transgresiones de este colectivo respecto a los derechos fundamentales de la ciudadanía, ni especifica el grado de responsabilidad que asumen los órganos públicos en su supervisión.

En conjunto, ello supone una rebaja en la misión constitucional de garantizar la seguridad ciudadana que el artículo 104 de la Constitución Española encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y podría conllevar una menor garantía del derecho fundamental a la seguridad que contempla el art. 17.

Todo esto, coincidiendo con la tramitación de otro proyecto de ley de seguridad, el de seguridad ciudadana. Un proyecto que amenaza con restringir derechos y libertades fundamentales en aras de la seguridad pública.

Los riesgos de la seguridad privada

En el día de la seguridad privada conviene también tener presente los riesgos y repercusiones que presenta este sector. A medio y largo plazo, los ejemplos de privatización de la seguridad en otras latitudes ponen de manifiesto el peligro de que el acceso a la seguridad pueda quedar condicionado a la riqueza. En lugares como Colombia, México, o Chechenia, la privatización ha contribuido al status quo en la distribución injusta de la seguridad pública, dotando de gran influencia a las empresas de seguridad privada y generando espacios “seguros” dentro un ambiente sumamente inseguro. A corto plazo, en escenarios de inestabilidad y conflicto armado como Irak y Afganistán, las empresas y contratistas de diversas nacionalidades han protagonizado violaciones graves de los derechos humanos contra la población local, y han sido acusadas de falta de profesionalismo y conexiones con el paramilitarismo y crimen organizado, perjudicando la estabilidad política y social del país (aquí puedes consultar las investigaciones de NOVACT al respecto).

Frente a una noción de seguridad como un bien público, cuyo derecho alcanza a todos los ciudadanos y cuya responsabilidad vincula a los órganos del Estado, la privatización de la seguridad debilita las instituciones democráticas de seguridad pública comprometiendo el papel del Estado como garante de la misma, y puede convertir la seguridad en un privilegio al alcance únicamente de las personas con recursos.

Transparencia y control democrático

La transparencia y el control democrático de la industria de la seguridad privada son esenciales en un Estado de derecho. El Estado, como titular del monopolio del uso legítimo de la fuerza y garante de la seguridad, es el responsable de establecer los límites necesarios respecto a las actividades de la industria de la seguridad privada y garantizar la debida protección de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Por otro lado, los servicios de las compañías de seguridad privada incluyen un amplio espectro de actividades transnacionales, desde la seguridad marítima hasta el apoyo logístico de los ejércitos en misiones internacionales.

España ha aprobado una nueva ley de seguridad privada, pero se mantiene reticente a apoyar los esfuerzos de regulación de la industria militar y de seguridad privada que se llevan a cabo en el ámbito de las Naciones Unidas. Las experiencias en países como EE.UU. y Reino Unido nos demuestran que la privatización militar y de seguridad en el ámbito nacional es la antesala para la exportación de estos servicios al mercado internacional.

España debe asumir un compromiso mayor en la regulación internacional de la industria de la seguridad privada. Entretanto, la interpretación de la noción de seguridad pública que suponen la ley de seguridad privada y el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, tendrá repercusiones importantes para la sociedad española. De un lado, se avanza en la equiparación del sector público y el sector privado en materia de seguridad. Del otro lado, se proyecta el restringir libertades fundamentales, como el derecho de reunión pacífica, en aras de la misma seguridad.