Noticia: Colaboramos en el informe: Nexos entre la UE y la impunidad de las corporaciones

 

Coincidiendo con la cuarta sesión del OEIGWG – Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos- del Consejo de Derechos Humanos, con el mandato de elaborar el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos #BindingTreaty, y con las acciones y la participación de La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el poder de las empresas transnacionales y Poner fin a la Impunidad (más de 250 organizaciones, movimientos sociales y colectivos de 80 países) por cuarto año consecutivo en Ginebra del 15 al 19 de octubre, hemos colaborado en la investigación de un nuevo informe publicado este lunes.

INFORME “The EU and the corporate impunity nexus. Building the UN Binding Treaty donde Transnational Corporations and Human Rights”

Durante décadas, las comunidades afectadas en todo el planeta han sido resistiendo al modus operandi de las corporaciones transnacionales (TNCs) y otras empresas multinacionales en sus territorios y puestos de trabajo, y han documentado las violaciones sistemáticas de derechos humanos y dejado constancia de la impunidad del poder corporativo con su lucha por la vida y con sus muertes. La impunidad de los poderes corporativos está, a su vez, insertada dentro y protegida por la “arquitectura de la impunidad” que legitima y legaliza su actividad.

Esta arquitectura ha sido establecida a través de los acuerdos de libre comercio y de inversión, la Organización Mundial del Comercio (OMC), las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros instrumentos financieros, además de con la presión agresiva de los partenariados público-privados (PPPs).

En el centro de esta arquitectura, encontramos el sistema de Arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS), un sistema de arbitraje privado que permite a las empresas transnacionales demandar a los estados allá donde se hayan aprobado nuevas medidas o políticas de mejora social o protección medioambiental, que las empresas consideren que amenazan sus beneficios económicos futuros. Así, la función del estado como responsable primario en la defensa del interés público y en la protección, tanto del bienestar de sus ciudadanos como del planeta, queda neutralizada por intereses corporativos.

Paralelamente al proceso en Naciones Unidas para la negociación de un tratado vinculante que regule la actividad de las empresas transnacionales y otras empresas multinacionales, la Unión Europea se ha erigido como oponente clave a la introducción de regulaciones vinculantes para estas empresas, y en una firme defensora de las normas voluntarias que, en numerosos casos, ya han demostrado su ineficiencia e insuficiencia para acabar con las violaciones de derechos humanos.

Este nuevo informe ha sido una investigación coordinada e impulsada por la red de observatorios ENCO (European Network of Corporate Observatories), con diversas organizaciones como el Transnational Institute (TNI), el Observatoire des multinationales o el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) , y con la colaboración de, entre otras,  NOVACT, el Observatori Shock Monitor y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, y revela los argumentos creados por la Unión Europea para obstruir y oponerse a la elaboración de un tratado vinculante, en línea con la argumentación de los grandes lobbies industriales del poder corporativo, y sin dirigir los impactos de sus políticas para los pueblos y sus territorios.

Violaciones de la emprendida G4S a los Territorios Palestinos Ocupados

El informe también presenta una serie de casos de empresas y el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos. El equipo de investigación del Observatorio Shock Monitor sobre la privatización de la guerra y la seguridad, que monitorea, analiza y visibilitza las violaciones de derechos humanos perpetradas por la Industria Militar y de Seguridad Privada, presenta el caso de la empresa G4S y su actividad en los Territorios Palestinos Ocupados.

Esta empresa, con base en Reino Unido, ha expandido internacionalmente su actividad, gracias a lucrativos contratos con gobiernos, para la realización de tareas de seguridad, destacando la detención de personas migrantes, el control de fronteras o la gestión de prisiones, entre otros, dificultando señalar y depurar responsabilidades entre gobiernos y corporaciones privadas cuando estas actividades violan los derechos humanos.

G4S ya acumula varias denuncias y, a través de su filial israelí, se ha visto implicada en varias violaciones denunciadas en los Territorios Palestinos Ocupados, como la presencia de menores en régimen de aislamiento en centros de detención o el maltrato de mujeres palestinas, especialmente mujeres embarazadas, en estos centros. La impunidad que caracteriza las numerosas violaciones documentadas, alimenta todavía más la creación de un ambiente propicio a perpetuar su gestión sin que existan instrumentos efectivos de acceso a la justicia y rendición de cuentas para las víctimas de su actividad.

PODÉIS DESCARGAR EL INFORME COMPLETO, AQUÍ.