El proyecto propone una coordinación, intercambio de información y mejora de capacidades y recursos entre 5 países europeos (España, Alemania, Francia, Hungría y Polonia) para la creación de una campaña conjunta que incida política, social y jurídicamente en la protección efectiva del derecho a la manifestación, libertad de expresión y asociación. El proyecto, de 24 meses de duración, combina acciones en el ámbito local (Barcelona, Granollers, Manresa, Terrassa y Vic), nivel nacional y europeo y al ámbito supranacional (ONU, UE Consejo Europa).
Al 2015, el Congreso, el PP aprobaba con su mayoría absoluta la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley Antiterrorista en contra de la gran mayoría de grupos parlamentarios y organizaciones de defensa de derechos humanos. Este proceso ha evolucionado entendiendo la acción popular como un «enemigo» para el poder político y no como un derecho a la participación política de la ciudadanía, como marca la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad.
Muchos países europeos han aplicado leyes específicas de seguridad y de orden público, como estas de España, que violan los derechos básicos como la libertad de expresión y la libertad de reunión o asociación, reduciendo el espacio de acción de la ciudadanía (shrinking space, en su terminología internacional): en Hungría se está elaborando una nueva ley, llamada por la ciudadanía como ley anti-organizaciones civiles, que limitará, entre otros, el acceso a financiación extranjera de organizaciones sociales de defensa de derechos humanos. Un proyecto de legislación por la que la Comisión Europea se está planteando sancionar al país. Por su parte, en Polonia se está abriendo un debate importante sobre la pérdida del Estado de Derecho. En Alemania, la situación con la extrema derecha y la mala gestión de la migración ha abierto una brecha que amenaza con vulnerar derechos básicos de la ciudadanía. En Francia, las últimas acciones legislativas en materia de antiterrorismo, llegando a mantener varios meses el estado de emergencia, han limitado el derecho a la manifestación y, según medios de comunicación alternativos como talante News, han servido para facilitar detenciones arbitrarias de activistas reconocidos en el país.
Estas acciones y contextos suponen un ataque directo al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales que caracterizan el Estado de Derecho y la democracia, pues violan directamente un derecho de los fundamentales dentro de los importantes derechos civiles y políticos: el derecho a la protesta de la sociedad civil.
La protesta es uno de los derechos más importantes ya que aglutina el derecho a reunión, expresión y manifestación. Sin la protesta muchos derechos no habrían sido alcanzados, por tanto, defenderla es también defender todos los derechos conseguidos hasta ahora y aquellos por los que habrá que seguir luchando.
Proyecto en agrupación con: Centre Irídia
Colaboradores: European Civi Forum
Financiación: Diputación de Barcelona
Foto: Protestas contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno francés, este jueves en Nantes. LOIC VENANCE AFP
