Comunicado: Ante la criminalización de las ONGs de ayuda humanitaria y defensa de los derechos humanos en el mediterráneo

Barcelona, septiembre de 2019

Desde 2017, la Unión Europea y sus Estados miembros mantienen una persecución sistemática a las ONGs de rescate marítimo en el Mediterráneo, siguiendo así una estela de penalización de la ayuda humanitaria en frontera iniciada en 2015. Open Arms, Proem Aid, Carola Rackete con su barco Sea Watch 3, el Ocean Vicking de las ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras (MSF), la ONG alemana Sea Watch y la activista Helena Maleno están siendo la parte visible y mediática de una persecución con graves consecuencias para los derechos humanos de las personas migradas.  El blindaje de la frontera sur europea ha supuesto la dejación de responsabilidad que los Estados debieran mantener con el derecho internacional y el derecho humanitario, convirtiéndose así en cómplices directos de las muertes en el Mediterráneo. La cancelación de la Operación Mare Nostrum, del Gobierno italiano, en 2014 fue un primer paso. Del salvamento se ha pasado al control. De los derechos, a la securitización.

Desde la cancelación de la operación italiana Mare Nostrum en 2014 y su sustitución por las operaciones militares y securitarias de la agencia europea Frontex, las ONGs de rescate han tenido un papel clave en el salvamento de vidas, el cual ha puesto en jaque el régimen de no-asistencia impulsado por los estados europeos. En consecuencia, estas ONGs han sido objeto de una amplia persecución política dirigida por agencias de la UE y sus estados miembros, la cual ha tomado forma de intimidación, difamación y acoso, pero también criminalización, bloqueo y prohibiciones de desembarco, tal y como señaló la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2018).

Todos los estados europeos que se ven afectados por las llegadas irregulares por mar al Mediterráneo (Grecia, Italia, Malta y España) han puesto en marcha medidas para detener las actividades de las ONG de rescate en los últimos dos años, incluyendo la criminalización y la amenaza (FRA, 2019). En consecuencia, la mayoría de las embarcaciones de ONG involucradas en rescates en el Mediterráneo entre 2016 y junio de 2019 no estaban operativas en esta última fecha, siendo la persecución estatal la razón principal que las ha llevado a detener sus actividades.

Por todo esto desde NOVACT:

SEÑALAMOS que es importante contextualizar esta persecución como un instrumento más de la política migratoria europea para el sellado de las fronteras y la imposición de un régimen basado en impedir la llegada de personas migrantes y su acceso a la protección internacional.  Y DENUNCIAMOS la criminalización que están sufriendo las ONGS de ayuda humanitaria y que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos.

DESTACAMOS que la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, así como la estrecha colaboración con grupos armados actualmente investigados por crímenes contra la humanidad tal y como es el caso de la Guardia Costera Libia, pone de manifiesto que las muertes en las fronteras europeas no son una “tragedia» o una “catástrofe,” como los y las dirigentes europeas insisten en repetir, sino responsabilidad directa de un régimen migratorio que se basa en la violación sistemática de los derechos humanos y los de sus defensoras.

DEMANDAMOS:

    • Que se impulsen políticas internaciones que garanticen los Derechos Humanos y el derecho a la protección internacional y protejan la vida de las personas migrantes y refugiadas.
    • Que los Estados tienen la responsabilidad de respetar las normas internacionales de igualdad y no discriminación de los derechos humanos, y no transmitir discursos que inciten al odio y a la discriminación por motivo de origen.
    • Que se establezcan de forma urgente rutas legales y seguras que garanticen el derecho al asilo y a la protección internacional.
    • Que los Estados de la Unión Europea asuman la responsabilidad de reanudar operaciones de búsqueda y rescate en aguas del mediterráneo. Los Estados deben reconocer y apoyar la labor de salvamento marítimo que están realizando las ONG.
    • Que se establezcan acuerdos entre los estados europeos para hacer efectivos los desembarcos en puertos seguros.
    • Que los países que adoptaron el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular apliquen las medidas acordadas para proteger los derechos humanos de las personas migrantes.