Contra el archivo por la Fiscalía de la investistigación por la Masacre de Melilla del 24 de junio
La Fiscalía archiva las investigaciones por la muerte de al menos 23 personas, según la versión oficial, cifra que se eleva a 40 personas según Caminando Fronteras, en Melilla el pasado 24J. Así mismo, cabe recordar la desaparición de otras 77 personas, que continúan en paradero desconocido y al respecto de las cuales Fiscalía no se ha pronunciado.
En su escrito, el Ministerio Público descarta la participación de España en la muerte y desaparición de decenas de personas, en contra de las evidencias que han sido publicadas desde el momento de los hechos. Esta noticia pone de manifiesto la necesidad de que se realice una investigación independiente e imparcial.
Las imágenes sobre lo ocurrido el 24 de Junio en la frontera entre Melilla y Nador junto con los reportajes periodísticos publicados, los testimonios recogidos, la resolución de Defensoría y el último informe publicado por Amnistía internacional ponen en evidencia unos hechos que no pueden quedar impunes y la necesidad de que se determine la responsabilidad tanto de España como de Marruecos. Tal y como señala Amnistía Internacional, las muertes estarían relacionadas con el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades, así como del uso indebido de material antidisturbios, concretamente balas de goma y gas pimienta a corta distancia contra personas indefensas y atrapadas, y la omisión del deber de socorro.
También es de gravedad que, en su resolución, la Fiscalía avala las devoluciones en caliente de 470 personas; devoluciones que han sido denunciadas por el Defensor del Pueblo por impedir el acceso a un procedimiento con garantías y al derecho de asilo, vulnerando el derecho internacional y nacional.
Por otro lado, la fiscalía reconoce y constata el lanzamiento de piedras por parte de la Guardia Civil, pero asegura que no se provocaron lesiones graves. Dejan en mano de la Guardia Civil la posibilidad de sanción de estos agentes y descartan sanciones penales.
Es importante recordar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado en reiteradas ocasiones la falta de investigaciones por parte de los Estados ante un alarmante uso de la violencia, devoluciones en caliente y malos tratos en las fronteras de la Unión Europea. En este marco, es urgente poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la justicia, la verdad y la no repetición.
Seis meses después de la tragedia y en estas fechas tan marcadas, estamos siendo testigos de una impunidad que daña profundamente nuestro sistema democrático y pone en evidencia el racismo de las instituciones del Estado en la falta de respuesta y de investigación ante la muerte de decenas de personas; en la falta de asunción de responsabilidades y en la negación de los hechos.
Las más de 150 entidades firmantes consideramos extremadamente grave la decisión de archivar estas investigaciones y continuamos exigiendo una investigación independiente e imparcial de los hechos, así como la determinación de responsabilidades y la garantía de no repetición, como pilares fundamentales de un estado de derecho.