{"id":3889,"date":"2024-07-01T12:02:47","date_gmt":"2024-07-01T10:02:47","guid":{"rendered":"https:\/\/novact.org\/?p=3889"},"modified":"2024-07-01T12:02:47","modified_gmt":"2024-07-01T10:02:47","slug":"protestar-no-es-terrorismo-es-nuestro-derecho-para-alzar-la-voz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novact.org\/es\/protestar-no-es-terrorismo-es-nuestro-derecho-para-alzar-la-voz\/","title":{"rendered":"Protestar no es terrorismo; es nuestro derecho para alzar la voz."},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column width=\u00bb1\/6&#8243;][\/vc_column][vc_column width=\u00bb2\/3&#8243;][vc_column_text]<strong>Se cumplen 9 a\u00f1os del aniversario la entrada en vigor de las Leyes Mordaza<\/strong>. Estas leyes, la Ley de Seguridad Ciudadana y la doble reforma del C\u00f3digo Penal, han <strong>aumentado las herramientas de censura, obstaculizaci\u00f3n y control de la sociedad civil <\/strong>a trav\u00e9s de la v\u00eda penal y administrativa y han enquistado la impunidad de la violencia policial en el Estado espa\u00f1ol<\/p>\n<p>Las organizaciones impulsoras del manifiesto consideran que la reacci\u00f3n represiva contra la sociedad civil est\u00e1 escalando en el actual ciclo de movilizaci\u00f3n social, al aplicarse medidas que limitan la capacidad de la sociedad civil para defender sus derechos, organizarse y expresarse.<\/p>\n<p>Una de las metodolog\u00edas utilizadas consiste en<strong> acusar falsamente de terrorismo u organizaci\u00f3n criminal a movimientos sociales y pol\u00edticos<\/strong>, contribuyendo as\u00ed a una deriva que no es compatible con un estado de derecho democr\u00e1tico ni con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La definici\u00f3n excesivamente amplia e imprecisa de estos en el C\u00f3digo Penal implica <strong>graves repercusiones para las personas que ejercen el derecho de reuni\u00f3n, manifestaci\u00f3n y la libertad de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n.\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Entidades impulsoras:\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><em>Amnist\u00eda Internacional, Defender a quien Defiende (DqD), Extinction Rebellion XR, Futuro Vegetal, Greenpeace, Ir\u00eddia, Novact, No Somos Delito y Rebeli\u00f3n Cient\u00edfica.<\/em><\/p>\n<p><strong>POSICIONAMIENTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Protestar no es terrorismo; es nuestro derecho para alzar la voz.<\/strong><\/p>\n<p>Estamos siendo testigos de un nuevo ciclo de movilizaci\u00f3n alrededor del mundo, los movimientos feministas, antirracistas, ecologistas y, ahora, por la solidaridad con Palestina han inspirado a millones de personas a salir a la calle o a utilizar nuevos canales y plataformas para exigir justicia racial y clim\u00e1tica, igualdad, el fin de la violencia de g\u00e9nero y cualquier tipo de discriminaci\u00f3n. <strong>Si bien la movilizaci\u00f3n ha sido masiva y global, se ha encontrado, sin excepci\u00f3n, con la respuesta represiva y a menudo violenta del Estado.<\/strong><\/p>\n<p>A consecuencia de esta reacci\u00f3n represiva en la mayor\u00eda de pa\u00edses europeos se ha documentado el uso de una serie de medidas que reducen cada vez m\u00e1s el espacio de la sociedad civil y limitan su capacidad para organizarse. Una de las metodolog\u00edas utilizadas consiste en acusar falsamente de terrorismo u organizaci\u00f3n criminal a movimientos sociales y pol\u00edticos, contribuyendo as\u00ed a una deriva que no es compatible con un estado de derecho democr\u00e1tico ni con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.<\/p>\n<p><strong>En el Estado espa\u00f1ol hemos visto numerosos ejemplos de esta represi\u00f3n,<\/strong> documentando c\u00f3mo desde la pol\u00edtica, la justicia y los medios de comunicaci\u00f3n se est\u00e1 llevando a cabo una clara criminalizaci\u00f3n de la protesta.<strong> En vez de facilitar y promover el derecho a la protesta, el Estado espa\u00f1ol est\u00e1 recurriendo a medidas, cada vez m\u00e1s extremas, para suprimir y restringir los derechos de la sociedad civil.<\/strong><\/p>\n<p>Por ejemplo, a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n extensiva y desproporcionada de los delitos de terrorismo y organizaci\u00f3n criminal, dos de los delitos m\u00e1s graves del derecho penal. La definici\u00f3n excesivamente amplia e imprecisa de estos en el C\u00f3digo Penal implica graves repercusiones para las personas que ejercen el derecho de reuni\u00f3n, manifestaci\u00f3n y la libertad de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n. <strong>Con todo, la \u00faltima reforma del delito de terrorismo en el C\u00f3digo Penal no se ha traducido en una mayor protecci\u00f3n frente a las amenazas terroristas, sino en un retroceso de las libertades individuales y colectivas de la sociedad civil.<\/strong><\/p>\n<p>Ahora que se cumplen 9 a\u00f1os, es importante recordar que esto se refuerza gracias a la aprobaci\u00f3n, en 2015, de la Ley de Seguridad Ciudadana \u2013popularmente conocida como Ley Mordaza- junto con una doble reforma del C\u00f3digo Penal. Estas leyes han aumentado las herramientas de censura, obstaculizaci\u00f3n y control de la sociedad civil a trav\u00e9s de la v\u00eda penal y administrativa y han enquistado la impunidad de la violencia policial en el Estado espa\u00f1ol.<\/p>\n<p><strong>Estas acusaciones no son ni nuevas ni un caso aislado, sino que forman parte de una tendencia global al alza<\/strong>. En 2023, se puso en evidencia, cuando la \u00faltima memoria del Fiscal General del Estado (2022) clasific\u00f3 las acciones de los movimientos antifascista, ecologista e independentista catal\u00e1n en la secci\u00f3n de \u201cterrorismo nacional.\u201d1 Asimismo, el \u00faltimo informe anual de la Europol sobre la situaci\u00f3n del terrorismo en la Uni\u00f3n Europea (2023), incluy\u00f3 los movimientos independentistas catal\u00e1n y vasco como terroristas.<\/p>\n<p>La aparici\u00f3n de estos movimientos en ambos informes legitima ciertos discursos emitidos desde tribunas pol\u00edticas, medios de comunicaci\u00f3n o redes sociales, en los que se define, por ejemplo, a activistas ecologistas como \u201ceco-terroristas\u201d. En este sentido, Michel Forst, Relator Especial de la ONU para los Defensores Medioambientales bajo el Convenio de Aarhus, ha recomendado a los Estados que tomen medidas inmediatas para contrarrestar los discursos que presentan a los defensores del medio ambiente y a sus movimientos como criminales.<\/p>\n<p>Asimismo, recibimos indignadas c\u00f3mo los activistas contra la islamofobia Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir fueron deportados a Marruecos despu\u00e9s de vivir 30 a\u00f1os en el Estado espa\u00f1ol bajo la acusaci\u00f3n que ambos rechazaron rotundamente.<\/p>\n<p>En la actualidad, el caso m\u00e1s grave \u2013que no el \u00fanico\u2013 es la investigaci\u00f3n de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por terrorismo contra el movimiento catal\u00e1n de Tsunami Democr\u00e0tic. La acusaci\u00f3n contra este movimiento pac\u00edfico supone un ataque directo a los derechos fundamentales de todas las personas que en 2019 salieron a la calle y ejemplifica, una vez m\u00e1s, la aplicaci\u00f3n extensiva del C\u00f3digo Penal, que penaliza indebidamente la protesta y la desobediencia civil.<\/p>\n<p><strong>Denunciamos esta tendencia, que permite que el mal uso del t\u00e9rmino \u201cterrorismo\u201d se haya banalizado y se haya convertido en una herramienta punitivista y ejemplarizante contra la movilizaci\u00f3n social masiva, para prevenirla y silenciarla.<\/strong> Cada d\u00eda, el n\u00famero de casos aumenta<br \/>\ny, en la actualidad, m\u00e1s de medio centenar de personas de cuatro movimientos (Tsunami Democr\u00e0tic, Futuro Vegetal, colectivo \u2018Defensem Palestina 7F\u2019 y activistas sindicalistas en solidaridad con las personas encausadas el 1 de mayo de 2022) est\u00e1n siendo investigadas, acusadas de delitos de terrorismo, organizaci\u00f3n o grupo criminal.<\/p>\n<p>Investigar por terrorismo u organizaci\u00f3n criminal a un movimiento social o pol\u00edtico con el \u00fanico objetivo de criminalizar la protesta, limitar los derechos fundamentales y silenciar la disidencia pol\u00edtica, es una actuaci\u00f3n que restringe el espacio de la sociedad civil, que no respeta los derechos humanos y pone en peligro los principios democr\u00e1ticos y del estado de derecho.<\/p>\n<p>Asimismo, el C\u00f3digo Penal del Estado espa\u00f1ol va en contra de las normas internacionales que definen y restringen cuando un acto se puede considerar terrorista; circunstancias que no concurren en las causas abiertas contra los movimientos mencionados.<\/p>\n<p>Esta criminalizaci\u00f3n tiene un efecto disuasorio y desmovilizador en toda la sociedad, porque en definitiva persigue el mecanismo mediante el cual todo tipo de colectivos y organizaciones, ya sean de car\u00e1cter sindical, ecologista, independentista, antirracista o de cualquier otro tipo de lucha social, defienden sus derechos y libertades.<\/p>\n<p>Como personas y organizaciones que trabajamos a favor de una sociedad m\u00e1s justa y que consideramos el derecho a la protesta como un mecanismo esencial para conseguir cambios sociales, exigimos que se tomen las medidas necesarias para frenar el uso de acusaciones de terrorismo u organizaci\u00f3n criminal contra movimientos sociales y pol\u00edticos y que se retiren todas las imputaciones.<\/p>\n<p>Por ello, exigimos que se deje de utilizar esta definici\u00f3n vaga para criminalizar la protesta y que se reforme el C\u00f3digo Penal para adecuar la definici\u00f3n de los delitos de terrorismo u organizaci\u00f3n criminal a los que establecen los est\u00e1ndares internacionales.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/6&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=\u00bb1\/6&#8243;][\/vc_column][vc_column width=\u00bb2\/3&#8243;][vc_column_text]Se cumplen 9 a\u00f1os del aniversario la entrada en vigor de las Leyes Mordaza. 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