Más de 110 organizaciones instan a los europarlamentarios a votar en contra del Reglamento Europeo de Retorno
Un total de 110 organizaciones antirracistas, entidades sociales y de derechos humanos de todo el Estado han firmado una carta dirigida a los miembros del Parlamento Europeo en la que alertan del impacto que el Reglamento Europeo de Retorno tendría en los derechos fundamentales y reclaman que no prospere en la votación prevista para el próximo mes de marzo.
Paralelamente, las entidades impulsoras de la iniciativa, AlgoRace Irídia y Novact, junto con CEAR y Red Acoge, han remitido también una carta a la Presidencia del Gobierno solicitando que España se posicione en contra de la propuesta.
Entre las organizaciones firmantes de la carta dirigida a los europarlamentarios se encuentran, entre otras, SOS Racismo, Espacio Afro, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Médicos del Mundo, Oxfam o el Servicio Jesuita a Migrantes. En el texto, las entidades alertan de que la propuesta abre la puerta a un modelo de deportación caracterizado por la disminución de garantías legales, el aumento de la detención —afectando también a niños y niñas— y prácticas que podrían vulnerar principios básicos del Derecho Internacional, incluido el principio de no devolución.
Perfilamiento racial, detenciones y ampliación de la vigilancia
Asimismo, entre los aspectos más preocupantes del Reglamento se encuentra la introducción de la obligación a los Estados miembros de “detectar” a personas en situación administrativa irregular. En la práctica, esto significaría el aumento de las identificaciones y detenciones por perfilamiento racial como medidas de detección.
Concretamente, el Reglamento que se está debatiendo abre la puerta a redadas policiales en espacios públicos y privados, incluidas oficinas y centros de atención humanitaria gestionados por organizaciones humanitarias. Estas redadas intensifican la normalización del perfilamiento racial: controles y verificaciones basados en la apariencia, el idioma o el origen percibido, en lugar de la conducta individual, lo que conduce a la discriminación hacia comunidades racializadas. Por otro lado, resulta preocupante el desarrollo y uso de tecnología para rastrear los movimientos de las personas y aumentar la vigilancia de migrantes indocumentados y personas racializadas.
Las entidades advierten de que estas medidas discriminatorias generan miedo y rompen los lazos sociales y comunitarios. Además, dificultan el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Deportaciones a terceros países y centros de retorno externos
En la carta, las organizaciones expresan especial inquietud por que se permita la deportación a “terceros países seguros” (incluyendo países con estándares dudosos de protección de los derechos humanos, pero que han sido incluidos en la lista de “terceros países seguros”, como Egipto, Marruecos o Colombia), sin que la persona tenga ningún vínculo con el país, así como por la creación de centros de retorno en terceros países.
Un Reglamento de aplicación directa en los Estados miembros
Además, las entidades advierten de que, al tratarse de un Reglamento, el texto pasaría automáticamente a formar parte del ordenamiento jurídico de los países de la Unión una vez aprobado.
“Nos preocupa profundamente la normalización de medidas que refuerzan la criminalización de la migración, el perfilamiento racial y la erosión de garantías fundamentales propias del Estado de derecho”, señalan las organizaciones firmantes.
A nivel español, las entidades hacen un llamamiento a los grupos políticos del Parlamento Europeo y a la Presidencia del Gobierno, a los que se han dirigido mediante una carta, para que voten en contra del Reglamento.
Llamamiento al voto en contra y defensa de los derechos humanos
En conclusión, en un momento de deriva racista y xenófoba en las instituciones europeas y sus Estados miembros, así como de respuesta a un fenómeno global de criminalización y persecución de las personas migrantes, es fundamental mantener un compromiso firme con los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen y su situación administrativa, y con el Estado de derecho.
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