Más de 150 organizaciones exigimos acciones contundentes ante nuevos ataques contra 7 OSC palestinas
En medio de la escalada de ataques de Israel contra su trabajo, un grupo de más de 150 organizaciones palestinas, regionales e internacionales expresamos nuestra total solidaridad con las siete organizaciones palestinas líderes de la sociedad civil, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq Law in the Service of Man (Al-Haq), Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), Health Work Committees (HWC), the Union of Agricultural Work Committees (UAWC), y the Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC).
En la mañana del 18 de agosto de 2022, las fuerzas de ocupación israelíes (IOF) allanaron y sellaron las puertas de las oficinas de las siete organizaciones palestinas. Las IOF también confiscaron documentos y equipos y destruyeron distintos objetos en sus oficinas. En las puertas de cada una de las organizaciones, los agentes de las fuerzas de ocupación dejaron órdenes militares que ordenaban el cierre de las oficinas en virtud del artículo 319 de las Regulaciones de Emergencia de 1945.
Este nuevo ataque supone un paso más y una continuación a la designación como «organizaciones terroristas» emitida el pasado 19 de octubre de 2021 por el Ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, contra seis organizaciones líderes de la sociedad civil palestina bajo la Ley Antiterrorista de Israel (2016), designación extendida el 3 de noviembre de 2021 mediante una orden militar, con el objetivo de ilegalizar a estas mismas organizaciones en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.
Instamos a la comunidad internacional a condenar inequívocamente los ataques de Israel contra la sociedad civil palestina y las tácticas para reprimir aún más la libertad de expresión. Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para apoyar y proteger a las personas defensoras de los derechos humanos palestinas y garantizar la continuación de su invaluable e imprescindible trabajo.
Estas redadas y cierres representan la última escalada en la campaña generalizada de Israel que tiene como objetivo silenciar y desacreditar a cualquier persona u organización palestina que se atreva a exigir responsabilidades por las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel.
La “persecución de organizaciones y personas, privándolas de los derechos y libertades fundamentales, por oponerse al apartheid” es un método utilizado por Israel para mantener su dominación y opresión sobre el pueblo palestino, que equivale a la comisión de actos de apartheid enjuiciables en virtud del Estatuto de Roma.
Las organizaciones siguen expuestas a un riesgo adicional de cierre de cuentas bancarias, prohibiciones de viaje y restricciones de movimiento, además de arresto y detención de miembros del personal con motivo de su trabajo. Los ataques de Israel contra estas organizaciones representan una amenaza existencial para las organizaciones palestinas independientes de derechos humanos y la sociedad civil trabajando para monitorear y documentar las violaciones de los derechos humanos y brindar servicios básicos al pueblo palestino.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que exija a Israel la revocación inmediata de la designación de organizaciones palestinas de derechos humanos y de la sociedad civil como «organizaciones terroristas», la revocación de las órdenes militares a través de las cuales se designa a las organizaciones y se cierran sus oficinas, así como la revocación de su Ley Antiterrorista (2016) la cual no cumple con los estándares básicos de derechos humanos.
Hacemos, además, un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas efectivas para poner fin a todas las acciones que niegan a la población palestina sus derechos humanos inalienables.
Por último, hacemos un llamado a los miembros de la comunidad internacional para que continúen su apoyo, aumenten los fondos para las organizaciones y se comprometan con las instituciones financieras para garantizar la transferencia de fondos a las organizaciones señaladas y atacadas.