Defensoras de derechos humanos se posicionan contra la represión estructural
El espacio de la sociedad civil —abierto y participativo— es la base de una sociedad que funciona, en la que nuestra capacidad para organizarnos, juntarnos, expresarnos y protestar es el fundamento que vertebra nuestros derechos y libertades. En una sociedad que funciona, estos derechos y libertades no solo están protegidos, sino que se anima a hacer ejercicio de ellos, sin ponerles trabas ni obstáculos.
Desgraciadamente, la persecución y criminalización de nuestra labor es visible y no es nada nuevo, sino que forma parte de un goteo histórico y constante que se hace más evidente cuando nuestra voz resuena con más fuerza, por la necesidad de documentar y denunciar las graves vulneraciones de derechos del entorno que nos rodea, un compromiso que continuamos defendiendo.
Hoy, más de 105 personas defensoras de derechos humanos de la Mediterránea alzamos la voz. Desde nuestros espacios defendemos la lucha contra el racismo, incluidas todas las formas de racismo —como la islamofobia, el antisemitismo y el antigitanismo— y el fascismo, la lucha contra la ocupación colonial, el militarismo, el sionismo y el genocidio. Defendemos la lucha por la tierra, el ecologismo y por la vivienda para todas, la lucha por la independencia y la autodeterminación. Defendemos la lucha feminista, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la lucha por los derechos de las personas y comunidades LGBTIQ+, la lucha por los derechos laborales, entre muchas otras. A pesar de las diferencias de nuestras luchas, nos une una causa común: el derecho a defender la vida. Nuestros esfuerzos se rigen por el compromiso de hacer visible todo lo que el poder quiere invisibilizar y reprimir. Somos una fgura perseverante y reconocida en el ámbito internacional, una generación que precede a una infinidad de defensoras de derechos que, desde hace décadas, nos han enseñado que el cambio es tan posible como inevitable.
No obstante, condenamos firmemente que si bien nuestra labor es fundamental —y se debería proteger y asegurar de manera legítima— se ataca y se limita deliberada y sistemáticamente. Hace años que nuestro trabajo se ve sometido a la criminalización y persecución que cada vez se perfeccionan más. Estas se van adaptando a las posibilidades y tácticas disponibles, aprovechándose inevitablemente de la tecnología para silenciar y paralizarnos. Esta represión, estos ataques, se llevan a cabo de múltiples formas: a través de agresiones y amenazas verbales, vigilancia y espionaje patrocinados por los estados estados, campañas de difamación, amenazas y acoso digital, litigis estratégicos contra la participación pública (SLAPPS), incursiones y ataques a nuestra ofcinas, censura, controles administrativos excesivos, limitación y recortes de fnanciación… en algunos casos, ataques que acaban en el exilio, en la decisión de dejar nuestra misión o, incluso, en asesinato.
En los últimos 7 meses, han asesinado a un gran número de defensoras de derechos humanos en la Franja de Gaza. Es importante reconocer que la escalada de la represión nos conecta: Israel utiliza y abusa de Palestina como laboratorio de pruebas de opresión, tecnología y vigilancia de métodos de control y separación de la población, tecnología que Israel exporta en materia de ocupación alrededor de la región. Los equipos de vigilancia masiva, drones y tecnología de reconocimiento facial, cada vez más presentes en nuestra cotidianeidad, reducen las posibilidades democráticas y aumentan las inclinaciones autoritarias. Pero vivimos en una rueda constante, en la que ante los ataques sistemáticos, seguimos trabajando para documentar las constantes vulneraciones de derechos humanos, demasiado numerosas para alcanzarlas en su totalidad. Somos plenamente conscientes del coste físico y psicológico que conlleva nuestro trabajo.
Vivimos un tiempo realmente aterrador: delante de uno de los peores episodios de la historia más reciente, la credibilidad de los organismos internacionales está en juego. Lo que pasa en Palestina implica un nuevo precedente que nos enseña que ningún lugar del mundo es inmune ni está a salvo. Estamos siendo testigos del deterioro del espacio para defender nuestros derechos, convirtiéndolo en un espacio cada vez más cerrado y limitado.
Desde el Sáhara Occidental hasta Egipto, del Líbano a Túnez, del Marruecos a Siria, de Córcega hasta Italia, de Irak a Grecia, de Francia a Kurdistan, de Palestina al Estado español, tomamos la voz y el compromiso colectivo de seguir luchando porque sabemos que nuestra acción sacude al mundo entero, cuestiona el poder y hace de altavoz, empoderando a las nuevas generaciones a sumarse a otra historia, que hace años que se escribe, por la defensa de nuestros derechos. Si la represión en el mundo se estructura, relaciona y utiliza las mismas herramientas y estrategias para reprimir y silenciarnos, nosotras nos alzamos en un frente, también colectivo, contra el autoritarismo y promover el el derecho a defender la vida en la Mediterránea.
La escalada del autoritarismo en la región y la persecución que vivimos son inaceptables y dibujan una crisis global que requiere de una respuesta colectiva e inmediata. Estamos aquí y, delante de la represión a la que nos enfrentamos, renunciamos a convertirnos en actores pasivos. Frente a la voluntad de rompernos, separarnos y desmovilizarnos, nos alzamos unidas y pedimos a los gobiernos que aseguren nuestra protección como personas defensoras de los derechos humanos. Esta nos permitirá continuar ejerciendo nuestra labor y misión.
Sin nuestra labor, voz, dedicación y compromiso, no solo nosotras estamos en peligro, sino las miles de personas a las que defendemos y acompañamos.