Después de Ceuta: por los derechos de las personas migrantes, contra todas las formas de racismo y por la protección de la democracia frente a la manipulación de los hechos por parte de los gobiernos
LDH (Francia), ARCI (Italia) y NOVACT (España) publican este comunicado conjunto tras los acontecimientos de Ceuta para defender los derechos de las personas migrantes, denunciar la manipulación de los hechos con fines políticos y alertar sobre los riesgos que ello supone para el debate democrático y el Estado de derecho.
Mañana, los ministros del Interior de los Estados miembros de la Unión Europea se reunirán en un encuentro extraordinario para abordar las cuestiones migratorias. Esta reunión se celebra tras los acontecimientos ocurridos la semana pasada en Ceuta, donde decenas de miles de personas entraron en el enclave español situado en el norte de Marruecos. En las horas siguientes, la inmensa mayoría abandonó el enclave y regresó a Marruecos. Más de 100 personas han perdido la vida al intentar cruzar la frontera.
Es de esperar que, una vez más, los ministros propongan medidas destinadas a restringir aún más los derechos de las personas migrantes, persistiendo en la violación de los principios del derecho internacional y del orden constitucional.
Desde nuestra experiencia como organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes, esperamos tener que reaccionar ante las propuestas que surjan de esta reunión. Se tratará, una vez más, de medidas que seguirán menoscabando sus derechos, dictadas por la agenda política de la extrema derecha y aplicadas ya por una amplia mayoría de los gobiernos de la Unión Europea.
Si la situación de los derechos de las personas migrantes constituye un indicador fundamental para evaluar la calidad del acceso efectivo a los derechos en los Estados miembros de la Unión Europea, otro aspecto igualmente crucial ha surgido en la forma en que los gobiernos de la UE han orientado el debate público en torno a los acontecimientos de Ceuta. Se han apartado, sin ningún tipo de vergüenza, de los valores y las prácticas que rigen los derechos, el debate democrático y el Estado de derecho, tal como se recogen en el Tratado de la Unión Europea. Así de sencillo.
La elaboración democrática de las políticas públicas solo es posible cuando se fundamenta en los hechos. El mandato de las instituciones democráticas, incluidos los gobiernos, es actuar en respuesta a los hechos.
Los hechos son claros. En el transcurso de unas pocas horas, más de 50.000 personas, en su mayoría marroquíes, aunque también procedentes de otros países africanos, entraron de forma irregular en Ceuta. Al verse bloqueadas allí, en las horas siguientes, prácticamente todas tuvieron que regresar a Marruecos, masivamente sin que los procedimientos legales hayan sido respetados. Los gobiernos fueron informados de ello en tiempo real, antes que nadie.
¿Cómo es posible que, en un espacio democrático regido por el Estado de derecho, en nombre de una respuesta a lo que estaba ocurriendo en Ceuta (norte de África), hayamos asistido a:
- la decisión del Gobierno francés de centroderecha de reforzar los controles en la frontera franco-española, a lo largo de toda la cordillera de los Pirineos;
- la petición del Gobierno de extrema derecha de Meloni, junto con los gobiernos de Finlandia y Dinamarca, a la Unión Europea para que suspendiera la pertenencia de España al espacio Schengen (algo que ni los Tratados europeos ni el marco jurídico permiten), cuando ningún extranjero en situación irregular puede acceder al espacio común desde Ceuta tal y como lo indica el tratado Schengen;
- una nueva intervención xenófoba y racista por parte de la oposición política española, que afirma alertar sobre una supuesta «crisis migratoria» y un supuesto «efecto llamada» mediante discursos de odio que banalizan las vulneraciones de derechos humanos en las fronteras.
La opinión pública se ha visto inundada de mentiras descaradas y propuestas absurdas, mientras todos los partidos en el poder, desde los socialdemócratas y liberales hasta la derecha y la extrema derecha, adoptaban decisiones políticas que nada tenían que ver con la cuestión de fondo. En los últimos días, nuestras sociedades han sido objeto de un ataque frontal contra lo que constituye la esencia misma del debate democrático: una relación rigurosa con los hechos y análisis fiables.
A lo largo de los últimos años, la desinformación y la manipulación de la opinión pública se han presentado, especialmente por parte de la Comisión Europea, como fenómenos vinculados a ataques procedentes del exterior de la Unión Europea. Sin embargo, en realidad responden tanto, o incluso más, a campañas e intereses impulsados por fuerzas políticas internas de la propia Unión Europea. Lo que está ocurriendo en torno a los acontecimientos de Ceuta hace urgente que las instituciones europeas lo reconozcan y respondan a ello sin demora.
En una democracia, no es aceptable que los gobiernos contribuyan a manipular la opinión pública mediante un uso abusivo de las emociones. ¿Se suscitan esas emociones legítimamente con el objetivo de reforzar los valores europeos? En este caso ocurre exactamente lo contrario. Un número importante de responsables políticos alimenta el miedo y el odio, actúa como los populistas más vulgares y lo hace sin ningún respeto por la ciudadanía, por los principios consagrados en los Tratados de la Unión Europea, por la verdad ni por la elaboración de políticas eficaces y eficientes.
La forma en que se está presentando ante la opinión pública la reunión de los ministros del Interior justifica sobradamente nuestra preocupación. Se trata de una auténtica farsa. Muchos pensarán que exageramos. Hay que mantener la esperanza, pero por desgracia, la tendencia que llevamos observando desde hace años es justo la contraria, es decir, dañina.
Si los gobiernos no se consideran obligados a rendir cuentas por haber distorsionado los hechos para manipular la opinión pública, hoy en relación con los derechos de las personas migrantes y mañana sobre cuestiones como la guerra y la paz, las desigualdades o la precariedad social, estarán allanando el camino a fuerzas autoritarias, fascistas e iliberales.
En las últimas semanas, en Europa, no solo los bosques están siendo arrasados por los incendios relacionados con la catástrofe climática, sino que también la democracia podría acabar reducida a cenizas por culpa de unos responsables gubernamentales incendiarios.
Barcelona, 3 de agosto de 2026.
Firmantes: LDH (Liga de los Derechos Humanos) (Francia), ARCI (Asociación Recreativa y Cultural Italiana) (Italia) y NOVACT (Instituto Internacional para la Acción Noviolenta) (España).