El nuevo pacto migratorio europeo entra en aplicación sin transparencia ni vías legales
NOVACT, junto con Irídia, Algorace y Amnistía Internacional, ha alertado de que el Pacto Europeo de Migración y Asilo y el nuevo reglamento europeo de deportación supondrán un retroceso en derechos humanos: más detenciones, más deportaciones, posible internamiento de menores, perfilamiento racial y uso de inteligencia artificial en el control migratorio. Las entidades también denuncian la falta de transparencia del Gobierno español en los planes de implementación.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) está a punto de entrar en aplicación. Lo hace en un contexto en el que varios estados miembros ya presionan para endurecer aún más las políticas migratorias, y sin que el Gobierno español haya explicado públicamente cómo lo implementará ni haya garantizado la participación de la sociedad civil.
El pasado 28 de mayo, NOVACT trasladó estas denuncias en una rueda de prensa conjunta con Irídia, Algorace y la Oficina Europea de Amnistía Internacional en el Col·legi de Periodistes de Barcelona. Clara Calderó, de NOVACT, fue contundente: «El pacto tiene un componente claramente simbólico que refuerza una visión securitaria de la migración, es decir, la presenta como una amenaza en el imaginario social a través del discurso de la ilegalidad y de la criminalización, y supone una regresión que afecta al estado de derecho y normaliza el racismo institucional.»
Un reglamento de deportación coercitivo y punitivo
Paralelamente al PEMA avanza el nuevo reglamento europeo de deportación. Olivia Sundberg, de Amnistía Internacional, lo calificó de «coercitivo y punitivo» y alertó de que medidas como la creación de centros de retorno en terceros países pueden comportar detenciones arbitrarias y graves vulneraciones de derechos humanos. Entre las medidas más preocupantes: la ampliación de la detención migratoria hasta dos años y la posible detención de menores.
La propuesta se ha tramitado de manera acelerada, sin evaluación de impacto y en un contexto de opacidad, pese a la oposición de más de 250 organizaciones de la sociedad civil y de expertos de Naciones Unidas.
Perfilamiento racial e inteligencia artificial
Youssef M. Ouled, de Algorace, denunció que la perfilación racial sigue siendo una práctica estructural en el sistema policial. La vigilancia genera volúmenes de datos que se utilizan para entrenar sistemas de inteligencia artificial y algoritmos de predicción del crimen, lo que refuerza la hipervigilancia sobre determinados barrios y consolida dinámicas de criminalización racial.
Maite Daniela Lo Coco, de Irídia, alertó de que la entrada en vigor del PEMA comportará un aumento de las detenciones, deportaciones y mecanismos de vigilancia, especialmente por la recopilación sistemática de datos biométricos e imágenes faciales en frontera.
Más de cien entidades exigieron el rechazo
La presión de la sociedad civil no es nueva. Meses antes de la entrada en aplicación del PEMA, AlgoRace, Irídia y NOVACT impulsaron una carta firmada por más de 110 organizaciones antirracistas, entidades sociales y de derechos humanos de todo el Estado dirigida a los miembros del Parlamento Europeo, alertando del impacto del Reglamento Europeo de Retorno sobre los derechos fundamentales y reclamando que no prosperara. Paralelamente, las mismas entidades, junto con CEAR y Red Acoge, remitieron una carta a la Presidencia del Gobierno solicitando que España se posicionara en contra de la propuesta.