Presentamos a las Naciones Unidas el informe “Wagner Group Desencadenado en Ucrania”
El Instituto Novact de Noviolencia, en colaboración con Shock Monitor, el Observatorio de Empresas y Derechos Humanos en el Mediterráneo y la organización Suds, presentamos el informe “Wagner Group desencadenado en Ucrania. El impacto militar, político y sobre los derechos humanos del Grupo Wagner desde la invasión del 2022“ a la sede central de las Naciones Unidas en el marco de la sesión de trabajo del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para el uso de mercenarios.
El Instituto Novact de Noviolencia, en colaboración con Shock Monitor, el Observatorio de Empresas y Derechos Humanos en el Mediterráneo y la organización Suds, presentamos el informe “Wagner Group desencadenado en Ucrania. El impacto militar, político y sobre los derechos humanos del Grupo Wagner desde la invasión del 2022“ a la sede central de las Naciones Unidas en el marco de la sesión de trabajo del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para el uso de mercenarios.
La investigación sobre el Grupo Wagner ha sido realizada por un equipo de investigación coordinado por Felip Daza Sierra, junto con Carlos Díaz Bodoque y la asistencia de Anhelina Hrytsei y Mathilde Machteld Romeo. La investigación ha recibido el apoyo financiero y la colaboración del Instituto Catalán Internacional por la Pau – ICIP.
El informe se hará público en septiembre y analiza el impacto del Grupo Wagner en Ucrania. La investigación cuenta con los testigos de 40 expertos, instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil del ámbito académico y de derechos humanos. También se ha entrevistado personal militar involucrado en las operaciones de la parte ucraniana. La presencia del Grupo Wagner en Ucrania ha aumentado dramáticamente la gravedad del conflicto, exacerbando la mortalidad, intensificando la confrontación y provocando la fragmentación de los actores armados no estatales.
Se destaca especialmente la presunta implicación del Grupo Wagner en crímenes de guerra, especialmente en el asesinato de las autoridades locales y la decapitación de prisioneros de guerra.
Las investigaciones judiciales que se encuentran en curso por la Fiscalía ucraniana dan cuenta del uso de reclusos como “escudos humanos forzados”, especialmente en las batallas de Donbàss. También se señala que el Grupo Wagner diseña operaciones de combate y hace uso de armamento pesado, artillería y tecnología para actividades de reconocimiento.
Cuenta con prácticas de reclutamiento depredadoras, como incorporar a sus filas reclusos y jóvenes marginados en Rusia y la utilización de combatientes extranjeros de Siria, Serbia, Afganistán, entre otros.
En segundo lugar, el Grupo Wagner está jugando un papel político creciente, que combina el conservadurismo social, las reivindicaciones patrióticas y el culto a la delincuencia. El auge de sus actividades se identifica también en la apatía general de la población rusa hacia la guerra, la carencia de comprensión de los objetivos militares de esta, entre otros. Como respuesta, el Grupo Wagner ha desarrollado un imperio empresarial y mediático, que sostiene las actividades delictivas y otras actividades ilícitas del grupo, así como prácticas de contratación abusivas. Wagner cuenta con el apoyo de grupos de extrema derecha (RIM, TFRusich) y de las nuevas élites mediáticas compuestas por bloggers y influencers militares.
El informe hace un conjunto de recomendaciones fundamentales:
Para los organismos internacionales y los gobiernos nacionales:
- Reforzar los marcos normativos nacionales para controlar las EMSP, incluir unos sólidos mecanismos de concesión de licencias, supervisión y reparación.
- Crear un amplio instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular la actividad de las EMSP, así como normas adecuadas para prevenir las violaciones de derechos humanos, la protección de las víctimas y la reparación efectiva.
- Designar Wagner Group como organización terrorista y grupo armado financiado por la Federación Rusa.
- Impulsar la persecución penal internacional, incluidos los principios de jurisdicción universal.
Para las organizaciones de la sociedad civil:
- Mejorar los mecanismos de supervisión y presentación de informes sobre la actividad de las EMSP y su impacto interseccional en los derechos humanos, con especial atención a las violaciones de los derechos de las mujeres.
- Sensibilizar al público en general y las comunidades afectadas por conflictos para que puedan distinguir los contratistas privados de las fuerzas regulares y comprender el impacto de la privatización de la guerra a nivel político y social.
- Llevar a cabo acciones de incidencia política para promover normativas internacionales y nacionales de control de las EMSP.