Proteger la libertad de asociación en Túnez – Declaración conjunta de la sociedad civil
Las organizaciones, asociaciones, activistas y actores sociales que participaron en la reunión de las organizaciones de la sociedad civil para la preservación del decreto 88 relativo a la regulación de las asociaciones, celebrada el 9 de febrero de 2024 en Túnez:
Recordamos que la sociedad civil, liderada por EuromedRights, la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme (LTDH), l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) et Avocats Sans Frontière (ASF), ha estado presente y ha sido fundadora, activa, resistente y ha acumulado todos los hitos de la lucha del pueblo tunecino, desde la lucha por la independencia hasta la revolución de la libertad y la dignidad, y en la etapa de construcción democrática, comprometida a pesar de las restricciones y todos los intentos de socavar, engañar y comprometer los derechos y libertades en los asuntos nacionales.
Defendemos los logros de la Revolución de la Libertad y la Dignidad, entre los más importantes se encuentran la libertad de expresión, la libertad de prensa y medios, y la libertad de organización, incluida la libertad de asociación, consagrada por el decreto n° 88 de 2011, que no solo legalizó el trabajo civil, sino que también contribuyó a su diversificación y lo convirtió en un pilar independiente y esencial para promover la democracia, la igualdad y el desarrollo.
Nos preocupa que el trabajo asociativo esté siendo objetivo por parte de las autoridades, principalmente mediante diversos tipos de restricciones a la creación, actividad y financiamiento de las asociaciones y persiguiendo a sus miembros y profesionales, mediante la retórica de traición y difamación, acusándolos de ser antipatriotas y de servir a agendas extranjeras. También, mediante los esfuerzos para modificar el decreto que regula el trabajo asociativo hacia una ley autoritaria que socava la libertad de la sociedad civil y anula su papel de fuerza de control y sugerencia. Una tendencia política que busca silenciar las voces de los actores e intervinientes en los ámbitos civil y político para controlar el espacio público. Esto se inscribe en un contexto general que, desde el anuncio de medidas excepcionales, se caracteriza por una intensificación de los esfuerzos para instaurar un régimen individual controlando el poder judicial, silenciando a los medios de comunicación, desmantelando los órganos de control, asediando a las fuerzas civiles y políticas, reduciendo el espacio de participación en los asuntos públicos y creando un clima de intimidación empleando una serie de textos legales hostiles a las libertades, especialmente el «Decreto n° 54 de 2022 relativo a la lucha contra los crímenes relacionados con los sistemas de información y comunicación» para atacar la libertad de expresión y sofocar las voces libres y opositoras.
Recordamos que el decreto n° 88 de 2011 es uno de los logros más importantes de la revolución y reúne las aspiraciones de nuestro pueblo y sus diversas fuerzas vivas a la libertad, la participación en los asuntos públicos y la contribución al progreso nacional en todos los niveles político, cultural, económico y social. Destacamos que este decreto se ajusta a las normas constitucionales e internacionales relacionadas con la libertad del espacio civil, considerados un criterio esencial para el progreso de los Estados y los pueblos. El decreto recoge los mecanismos que garantizan la buena gobernanza de las asociaciones y la conformidad de sus objetivos, gestión, financiación y actividades con las reglas de la democracia, la transparencia, la integridad y el rechazo a la violencia, el terrorismo y la corrupción.
Declaramos:
- Nuestra adhesión al decreto 88 de 2011 como marco legal para la regulación de las asociaciones que garantiza su libertad, apoya su independencia y fortalece su papel como fuerza de vigilancia, cabildeo, propuesta y socio solidario de los esfuerzos del Estado en todos los ámbitos de desarrollo, ambiental, económico, social, educativo, cultural y sanitario.
- Consideramos que cualquier revisión del decreto constituye una restricción a la libertad asociativa, así como un retroceso en los logros democráticos obtenidos desde 2011. Dado que surgieron muchos textos legales para restringir las libertades públicas e individuales, especialmente el decreto 54 de 2022 sobre la lucha contra las infracciones relacionadas con los sistemas de información y comunicación.
- Alertamos sobre la frecuencia de discursos hostiles al trabajo civil en sus diversas formas y la difusión deliberada de noticias falsas y opiniones engañosas sobre el trabajo de las asociaciones (fuentes de financiamiento, relación con los socios internacionales de Túnez, políticas migratorias…) y sus efectos en el tejido social tunecino.
- Instamos a las autoridades a respetar la libertad y la independencia del trabajo de la sociedad civil como actor clave en los asuntos nacionales en todas sus dimensiones, expresando la diversidad y el pluralismo de la sociedad, y defendiendo los derechos humanos en su universalidad y globalidad sin discriminación, y a cesar el hostigamiento a la sociedad civil y sus militantes y socios.