Derecho a la protesta 2022-2023. Diagnóstico del Derecho a la Protesta

Defender a quien Defiende denuncia 1.184 vulneraciones de derechos en contexto de protesta —detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos—, en un total de 261 casos recogidos en los últimos dos años.

Estas cifras son el resultado del monitoreo y la sistematización que ha registrado la plataforma en su informe Derecho a la protesta 2022-2023. Diagnóstico del Derecho a la Protesta, presentado este jueves por la mañana en el Consejo General de la Abogacía Española, en Madrid. La investigación combina el análisis de datos cuantitativos con las aportaciones de personas y organizaciones expertas en la materia, como Amnistía Internacional o Red Jurídica.  

La investigación alerta y analiza además las herramientas utilizadas por el Estado para acallar la protesta social. Algunas, viejas conocidas como la utilización del articulado impreciso de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, o el Código Penal. También otras, más novedosas como la infiltración policial en movimientos sociales o el uso de software espía contra actores de la sociedad civil. 

Defender a quien Defiende resalta su preocupación por la represión sufrida por el movimiento ecologista, con Futuro Vegetal (FV) como caso paradigmático de la represión del ciclo social analizado: en los 43 casos monitorizados sobre este movimiento social, se han recogido 159 vulneraciones de derechos. Entre las vulneraciones destacan 69 detenciones, en algunos casos, con uso excesivo de la fuerza. 30 de las detenciones a activistas de FV se produjeron durante el mes de abril del 2023 y 22 fueron detenidas durante el mes de diciembre del mismo año en una operación policial estatal por su participación en el colectivo.