El derecho a la protesta en la Estado Español – Red Malla 2021

Es importante recordar que aunque el derecho a la protesta no está codificado como tal en los principales tratados de derechos humanos del derecho internacional, es un concepto que engloba un grupo de derechos fundamentales que salvaguardan el bien común. Entre ellos, libertad de expresión, libertad de información, libertad de asociación y derecho de reunión.

Estos derechos anteriormente nombrados son los pilares que garantizan que las personas no sólo interactúen entre sí (para compartir ideas y debatir políticas, leyes u otras cuestiones de interés), sino también con los gobiernos. Es decir, que las personas tengan un canal de acceso a la esfera política y puedan expresar preocupaciones sin miedo a represalias. De hecho, las degradaciones democráticas que emergen en la actualidad limitan la capacidad de la sociedad civil para autoorganizarse, para implicarse en la vida pública, para erigirse como defensoras de derechos humanos. Esta regresión del espacio cívico impacta sobre todo en aquellas personas más vulnerabilizadas por el sistema de opresiones de clase, género y etnia.

El derecho a la protesta, y el espacio de participación cívica que lo ampara, vuelven a estar un año más en cuestionamiento, ciertamente en peligro. Desde el observatorio Red Malla, herramienta de sistematización y mapeo de casos de vulneración del derecho a la protesta en el Estado español puesto en marcha bajo el paraguas de la plataforma Defender a quien Defiende, se ha sistematizado en el año 2021 un total de 167 casos en 501 vulneraciones registradas: sanciones administrativas, apertura de procesos judiciales, identificaciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, entre otras especificaciones desalentadoras y vulneradoras del ejercicio de derechos.