Diagnóstico del derecho a la protesta en el Estado español 2025

En total, se han documentado 380 casos, con 1.956 vulneraciones de derechos y 1.771 personas afectadas, una cifra que supone un incremento del 66,7 % respecto al año anterior.

Este aumento se explica tanto por un incremento de la movilización social como por un endurecimiento de la respuesta represiva, que no solo crece en volumen, sino también en intensidad. En este contexto, las movilizaciones en solidaridad con Palestina vuelven a situarse como las más afectadas, concentrando aproximadamente una cuarta parte de los casos registrados.

Les siguen las movilizaciones por el derecho a la vivienda y la okupación, así como el movimiento antifascista, que entra por primera vez entre los ámbitos con mayor nivel de afectación. Entre los tres concentran cerca del 60 % de los casos documentados.

Un cambio en las formas de represión

El informe también evidencia un cambio en las formas de represión, con un aumento de las intervenciones de mayor gravedad. Destacan especialmente las detenciones y las vulneraciones de la integridad física y moral, que reflejan un uso más intensivo de la fuerza y un deterioro de las garantías en el ejercicio del derecho a la protesta.

Asimismo, se consolida la combinación de distintas vías represivas —penal, administrativa y policial— en el marco de una década marcada por la aplicación de las conocidas como leyes mordaza, con un impacto sostenido en derechos y libertades.

El informe también alerta sobre la continuidad de prácticas como las infiltraciones policiales, los macrodispositivos y el uso creciente de tecnologías de vigilancia, que apuntan a una deriva de control más sofisticada sobre el espacio público y la protesta social.

Por último, el documento recoge recomendaciones para reforzar la protección del derecho a la protesta y revertir las tendencias regresivas identificadas.

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