En defensa del derecho a la democracia y contra las elecciones presidenciales fraudulentas en Túnez

En defensa del derecho a la democracia y contra las elecciones presidenciales fraudulentas  

Habiendo tomado nota de las decisiones del pleno del Tribunal Administrativo relativas a los litigios sobre las candidaturas a las elecciones presidenciales del 06 de octubre de 2024 y de la victoria del derecho a la competencia y del derecho de sufragio pasivo, y tras las declaraciones del Presidente de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) afirmando que el Consejo de su organismo examinará estas decisiones, evaluará su motivación y se basará en las sentencias de los tribunales penales para decidir si las aplica o no. 

Basándose en lo que han podido saber sobre las relaciones de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones con las asociaciones de observación electoral y las restricciones y retrasos en la concesión o denegación de acreditaciones  

Constatando que los y las profesionales de los medios de comunicación son objeto de presiones, acoso, injerencias en sus líneas editoriales y ataques a la independencia de sus estructuras editoriales en su cobertura de las elecciones  

Defendiendo los valores del Estado de derecho y el derecho a unas elecciones presidenciales pluralistas que garanticen las condiciones mínimas de integridad y transparencia, los firmantes del presente comunicado:  

• Denuncian la decisión de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) como una infracción de la autoridad del Tribunal Administrativo y una violación de la ley. 

• Aprecian el respeto de la independencia y el triunfo de los valores del Estado de derecho demostrados por el pleno del Tribunal Administrativo y sus jueces, y hacen un llamamiento a todos los jueces para que sigan este ejemplo cuando examinen diversos litigios -en particular aquellos en los que estén sometidos a presiones políticas- con el fin de proteger los derechos y las libertades e impedir cualquier utilización del poder judicial en litigios políticos.  

• Llaman la atención sobre el hecho de que la ley electoral confiere competencia exclusiva a los tribunales electorales, representados por las salas de apelación del Tribunal Administrativo como tribunales de primera instancia y por el pleno judicial del Tribunal Administrativo como tribunales de apelación, para los litigios relativos a las candidaturas a las elecciones presidenciales, y estipula explícitamente que las sentencias dictadas por el pleno son ejecutorias sin derecho a recurso y deben ejecutarse en el acta. 

• Destacan que la no ejecución de las decisiones del pleno del Tribunal Administrativo relativas a las personas cuya inscripción en la lista definitiva de candidatos a las elecciones presidenciales ha ordenado no tiene fundamento jurídico y constituye un acto fuera del marco legal, constitutivo de falsificación sancionable.  

• Advierten de la gravedad de los reiterados ataques a la libertad de los medios de comunicación y hacen un llamado a las autoridades públicas, incluido el Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), para que respeten la libertad de los medios y el derecho a la información de los y las ciudadanos.as y se abstengan de aterrorizar a los periodistas mediante juicios penales y los efectos del infame Decreto 54.  

• Piden a la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) que respete la ley y se abstenga de cualquier práctica que socava la transparencia y la integridad del proceso electoral, en particular impidiendo y acosando a los y las observadores.as electorales, contrariamente a lo que ha sucedido en anteriores elecciones democráticas.  

• Exigen que se respete el derecho de los electores y las electoras tunecinos.as a elegir a sus dirigentes libres de cualquier manipulación o injerencia, y en contextos que garanticen la integridad, el pluralismo y la transparencia de las elecciones.  

• Apoyan la lucha pacífica y democrática para defender el derecho a unas elecciones pluralistas, y denuncian el uso de la intimidación y los procedimientos penales al servicio de un candidato o para acosar a otros.