Vulneración de derechos humanos de las personas migrantes en Canarias 2024: Criminalización, detención e infancia
Deficiencias existentes en la identificación de niños, niñas y adolescentes en el momento de la llegada por mar, las principales vulneraciones que se producen en el sistema de protección de la infancia y el aumento de la criminalización de las migraciones y el encarcelamiento de supuestos “patrones”.
El informe “Vulneración de derechos humanos de las personas migrantes en Canarias 2024: Criminalización, detención e infancia”,ha sido elaborado en colaboración con organizaciones, personas afectadas por las políticas migratorias, profesionales y colectivos de Canarias, entre ellas la Red de solidaridad con las Personas Migrantes de Lanzarote.
Principalmente, denuncia el impacto que ha tenido la reducción de los estándares y las garantías establecidas para los centros de atención a la infancia migrante en Canarias, así como las prácticas identificadas que podrían constituir malos tratos y abusos, condiciones de hacinamiento e insalubridad y dificultades en el acceso a la protección internacional.
El informe recoge las denuncias interpuestas sobre la situación en algunos centros de menores. Desde 2022, se han recogido al menos 15 casos de adolescentes menores de edad en prisión acusados de ser los patrones de la embarcación en la que realizaron el trayecto migratorio. También denuncia la existencia de espacios informales para niños y adolescentes en centros para adultos.
Respecto al análisis de la criminalización, la investigación denuncia el aumento de la utilización del Código Penal en el control migratorio, incrementando la acusación y la entrada en prisión de personas con procedimientos sin garantías. Destacando, además, que son personas recién llegadas tras haber sobrevivido a un trayecto peligroso y potencialmente traumático.
El número de personas acusadas y condenadas por facilitar la inmigración irregular en el conjunto del Estado en 2022, fue nueve veces mayor al de 2018. Solamente entre 2020 y 2023, se han detenido e investigado a un total de 1049 personas.
Las Naciones Unidas han señalado que, en Canarias, la mayoría de las personas acusadas no pertenecen a organizaciones criminales y que “las operaciones contra el tráfico de migrantes en Canarias no dan en el blanco, ya que se centran en la persecución de los conductores de embarcaciones” y estos “rara vez están asociados a un grupo delictivo organizado”. En Tenerife, fueron absueltas en 2022 el 80% de las personas que fueron a juicio, y el 56% en Las Palmas.